Publication Date

2007

Abstract

Durante mucho tiempo se asumió que el desempleo y el subempleo de personas con discapacidades era algo estrechamente relacionado con sus dolencias físicas o mentales y, de hecho, una consecuencia inevitable. Ahora se reconoce que muchas de las desventajas y la exclusión a las que se enfrentan no se derivan de su discapacidad individual, sino que se deben, ante todo, a la reacción de la sociedad ante esa discapacidad. Las leyes y las políticas forman parte de dicha reacción.

Cada vez más, los asuntos relacionados con la discapacidad se consideran una cuestión de derechos humanos. La legislación sobre derechos humanos se centra en el concepto de dignidad humana y parte de la idea fundamental de que todos los pueblos tienen los mismos derechos, en particular el derecho a una vida plena y digna. Así se plasma una noción a la vez simple y de crucial importancia: todos somos seres humanos. Los Estados tienen el deber de proteger, respetar y aplicar los derechos humanos, como derechos individuales. Este replanteamiento está entrañando grandes cambios en el derecho nacional e internacional. La Convención de las Naciones Unidas sobre las Personas con Discapacidades, aprobada en diciembre de 2006, plasma tales cambios. Ahora se reconoce ampliamente la necesidad de proteger y promover los derechos humanos de las personas con discapacidades mediante leyes, políticas y programas tanto generales como específicos. Los gobiernos nacionales pueden hacerlo a través de su legislación.

Las presentes directrices se enmarcan en la nueva visión de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Se destinan a quienes elaboran políticas y redactan leyes y su finalidad es ayudar a mejorar la eficacia de la legislación nacional sobre formación y empleo de las personas discapacitadas, en el marco del proyecto de la OIT "El empleo de las personas con discapacidades: el impacto de la legislación". El objetivo de este proyecto, financiado por el gobierno de Irlanda, es dotar de mayor capacidad a los gobiernos de determinados países para que se doten de una normativa eficaz en materia de empleo de personas con discapacidades, sea mediante nuevas leyes, enmendando las existentes o elaborando reglas o políticas para poner en práctica la legislación. Además de recopilar información sobre las leyes y su eficacia, el proyecto brinda asistencia técnica a algunos gobiernos nacionales para que introduzcan en éstas las mejoras necesarias. Estas directrices pretenden ser un instrumento de apoyo a su función de asesoramiento técnico y estarán a disposición de todos los países participantes.

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